Cómo se protegen legalmente las tecnologías digitales en Paraguay

Una empresa de tecnología casi nunca tiene un activo físico que valga la pena embargar. Lo que vale es el código, la base de datos, la marca y el diseño. En Paraguay los cuatro se protegen, pero cada uno por una vía distinta, y confundirlas es la forma más común de quedarse sin nada.

El software se protege como obra, no como invento

La Ley N° 1328/98 “De Derecho de Autor y Derechos Conexos” incluye expresamente a los programas de ordenador entre las obras protegidas (art. 4°, inc. 13). Y los define con precisión en su artículo 2°, inc. 33:

“Expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que un computador ejecute una tarea u obtenga un resultado. El programa de ordenador comprende también la documentación técnica y los manuales de uso.”

Dos consecuencias prácticas de esa definición:

• La protección alcanza al código fuente y al objeto, en cualquier lenguaje, y también a la documentación técnica y los manuales. No es un detalle menor: la documentación suele ser lo que permite que un tercero mantenga el sistema.
• Se protege como obra literaria, no como patente. No hay examen de novedad ni de altura inventiva. La protección nace con la creación misma.

Lo que la ley no protege: la idea

El artículo 7° es tajante: “Estará protegida exclusivamente la forma de expresión mediante la cual las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras”.

Y el artículo 8° enumera lo que queda fuera de la protección del derecho de autor:

• las ideas contenidas en las obras, los procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí, ni el contenido ideológico o técnico de las obras científicas, ni su aprovechamiento industrial o comercial;
• los textos oficiales legislativos, administrativos o judiciales;
• las noticias del día;
• los simples hechos o datos.

Traducido al negocio: si tu producto es “una app que conecta A con B”, esa idea no es tuya y nadie puede hacerla tuya. Lo que sí es tuyo es tu implementación concreta. Un competidor puede desarrollar desde cero un sistema que haga exactamente lo mismo y no estará infringiendo nada.

Las bases de datos: se protege la estructura, no los datos

El artículo 4°, inc. 14 protege “las colecciones de obras (…) y de las obras u otros elementos, como la base de datos, siempre que dichas colecciones sean originales en razón de la selección, coordinación o disposición de su contenido“.

El requisito de originalidad recae sobre la arquitectura: cómo se seleccionaron, coordinaron y dispusieron los contenidos. Los datos individuales, en cambio, quedan expresamente fuera por el artículo 8° inc. 4 (simples hechos o datos).

Una base de clientes con nombre, teléfono y monto facturado, listada alfabéticamente, difícilmente califique como obra original. La misma información estructurada con un criterio propio de segmentación y relación puede calificar. La diferencia práctica es que el activo comercial —la base en sí— se defiende mejor por vía contractual (confidencialidad, no competencia) y por competencia desleal que por derecho de autor.

La pregunta que casi nadie hace a tiempo: ¿de quién es el código?

Este es el punto donde más empresas se equivocan.

La regla general es que el autor es el titular originario de los derechos sobre la obra (art. 9°). El autor es siempre una persona física. Una sociedad no “crea” nada: sus programadores sí.

Para el software, la ley trae una regla especial en el artículo 69:

“Se presume, salvo pacto en contrario, que los autores del programa de ordenador han cedido al productor, en forma ilimitada y exclusiva, los derechos patrimoniales reconocidos en la presente ley (…) e implica la autorización para decidir sobre la divulgación del programa y la de ejercer los derechos morales sobre la obra.”

Y el artículo 68 define al productor como “la persona física o jurídica que toma la iniciativa y la responsabilidad de la obra”, presumiéndose que lo es quien aparezca indicado como tal en la obra de la manera acostumbrada.

Es una presunción favorable a la empresa. Pero fijate en tres palabras: “salvo pacto en contrario”. Es una presunción, no una regla imperativa. Y como toda presunción, se discute.

Qué hacer, en concreto

• Contrato escrito con cada desarrollador, sea empleado o proveedor externo, con cesión expresa de derechos patrimoniales. La presunción del art. 69 es un piso, no un techo: un contrato explícito evita el litigio en vez de ganarlo.
• Especial cuidado con los freelancers y las agencias. Ahí la calidad de “productor” es más discutible que con un empleado en relación de dependencia. Si no hay cesión escrita, es perfectamente posible terminar pagando un desarrollo del que no se es titular pleno.
• Indicar a la empresa como productora en la obra —en el código, en los créditos, en la documentación— para activar la presunción del art. 68.
• Cláusulas de confidencialidad que cubran lo que el derecho de autor no cubre: los métodos, los procedimientos y los datos.

Cuánto dura la protección

• Obras en general: toda la vida del autor y setenta años después de su fallecimiento (art. 47).
• Programas de ordenador, obras colectivas, audiovisuales y radiofónicas: el derecho patrimonial se extingue a los sesenta años de su primera publicación o, en su defecto, de su terminación (art. 49).

Para software, sesenta años es indistinguible de la eternidad. El plazo nunca va a ser el problema.

La capa que el derecho de autor no cubre: la marca

El derecho de autor protege el código. No protege el nombre del producto. Ese es territorio de la Ley 1294/98 de Marcas, con su propia lógica: se registra por clases ante la DINAPI y la prelación se gana por fecha y hora de presentación.

Una startup con el código impecablemente cedido y el nombre sin registrar tiene exactamente el mismo problema que cualquier otro negocio: alguien puede registrar ese nombre y obligarla a rebrandear después de haber invertido en posicionarlo. Para un producto digital, donde el nombre es el punto de contacto con el usuario, el daño es mayor.

Fuentes normativas: Ley N° 1328/98 “De Derecho de Autor y Derechos Conexos” (arts. 2° inc. 33, 3°, 4° incs. 13 y 14, 7°, 8°, 9°, 47, 49, 68, 69); Ley N° 1294/98 “De Marcas”; Ley N° 4798/2012, que crea la DINAPI.